Mientras las banderas vuelven a flamear y el país celebra un nuevo aniversario patrio, hay una pregunta que resulta imposible ignorar: ¿qué tan independiente es un Estado que pierde territorio, autoridad y control frente al crimen organizado? La vieja narrativa de que Bolivia era apenas un "país de tránsito" quedó enterrada por una realidad donde el sicariato, las organizaciones criminales transnacionales y el dinero del narcotráfico avanzan con mayor rapidez que la capacidad del Estado para contenerlos. No se trata de una crisis repentina, sino del desenlace de décadas de impunidad y deterioro institucional.
Las raíces de esta historia se remontan a la década de los ochenta. El exagente de la DEA Michael Levine describió ese período como la "Guerra Falsa", cuando el llamado "Golpe de la Cocaína" de 1980 convirtió al régimen de Luis García Meza y Luis Arce Gómez en un aliado directo del negocio de la droga. Levine documentó cómo, en plena Guerra Fría, intereses de inteligencia privilegiaron la lucha anticomunista antes que el combate al narcotráfico, mientras la DEA libraba una batalla limitada y los grandes capos gozaban de protección. Aquella alianza sembró una cultura de impunidad que sobrevivió al retorno de la democracia y evolucionó hacia redes familiares y económicas mucho más sofisticadas.
Entre 2006 y 2025 esa estructura terminó de consolidarse. La Fundación Milenio define este período como una "economía política de la penumbra", donde la legalidad y la ilegalidad convivieron bajo el discurso de la soberanía cocalera. La expulsión de la DEA en 2008 y la nacionalización de la lucha antidroga dejaron vacíos de inteligencia que fueron aprovechados por organizaciones criminales internacionales. Los resultados son contundentes: Bolivia registra cerca de 40.000 hectáreas de coca, casi el doble de las 22.000 autorizadas por la Ley 906; la capacidad potencial de producción alcanza las 394 toneladas métricas de cocaína al año y, aunque en 2024 se incautaron 66.008 kilogramos de droga —115% más clorhidrato que el año anterior—, el propio Gobierno admite que la efectividad de la interdicción apenas llega al 10%.
La consecuencia más visible es la transformación del mapa de la violencia. El oriente boliviano dejó de ser únicamente un motor económico para convertirse en un territorio disputado por el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho. San Matías es hoy una zona roja donde el Estado prácticamente desapareció, mientras hechos como las decapitaciones en Yapacaní o el asesinato del subteniente Yerson Salazar, cuyo cuerpo fue robado por sus verdugos, y abandonado en una pista de aviones clandestina, muestran que las mafias ya no esconden su poder. Santa Cruz tampoco es solo una ruta del narcotráfico: es un centro logístico y financiero donde el dinero ilícito encuentra refugio en la economía formal. La captura de Sebastián Marset en marzo de 2026, con apoyo internacional y bajo la sombra de la DEA, confirmó que Bolivia tuvo que recurrir nuevamente a alianzas externas para enfrentar un problema que desbordó sus capacidades.
La verdadera discusión ya no es cuánta droga se decomisa ni cuántos operativos se anuncian. La pregunta es cuánto poder ha cedido el Estado a organizaciones que financian economías locales, corrompen instituciones, penetran el sistema judicial y gobiernan mediante el miedo en extensas zonas del país. El narcotráfico dejó de ser un delito para convertirse en un poder paralelo que disputa la autoridad del Estado.
Celebrar la independencia también exige preguntarnos de qué debemos liberarnos hoy. Si Bolivia quiere llegar con dignidad a su tricentenario, deberá recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, reconstruir sus instituciones y enfrentar, sin discursos complacientes, al crimen organizado. Porque la amenaza más grave para nuestra democracia ya no está fuera de las fronteras, está dentro de ellas. Y hace mucho dejó de esconderse.
MIROSLAVA FERNANDEZ GUEVARA
Periodista y politóloga
www.miroslavafernandez.com
